19. En este sentido, destácase que el órgano fiduciario informó con base en las constancias obrantes en la causa que “Todos por Comu Asociación Civil” no se encontraba siquiera inscripta ante la Inspección General de Justicia.-

Su estatuto habría sido producto del acto constitutivo celebrado el 23 de agosto de 2010, ulteriormente modificado en varias oportunidades. Presentado el mismo ante la I.G.J. para su inscripción en octubre de 2010, a la fecha de evacuación del traslado que le fuera conferido, esto es, transcurrido más de un año desde aquel evento, no aparecía siquiera inscripto por haber merecido una serie de observaciones no subsanadas (v. fs. 9463/9493 y fs. 9553/6 e informe del órgano fiduciario a fs. 9563).-

Ahora bien, aquella situación habría quedado superada por la inscripción posterior de la asociación civil, informada verbalmente por el órgano fiduciario ante la consulta personal formulada a la entidad con ulterioridad a su conteste.-

Cierto es que al suscripto no le consta fehacientemente este último extremo -en rigor, el G.C.A.B.A. no realizó referencia alguna a la situación registral de “Todos por Comu Asociación Civil”- pero, con la información obtenida por la vía apuntada, habré de dar por superada la observación puntual que sobre este aspecto formulara el órgano fiduciario en su oportunidad cuanto menos a los fines de la presente decisión.-

Al margen de lo anterior, no puedo dejar de advertir una serie de extremos que rodean a la constitución de “Todos por Comu Asociación Civil”, a quien se presenta como una asociación civil con 4.000 asociados, elegida para continuar las actividades del Club merced a un comodato o concesión de uso gratuito ulterior que le habrá de otorgar el G.C.A.B.A.. Sucede que tales extremos revelan un importante déficit, más allá de la inscripción que habría finalmente obtenido dicha asociación civil, que no solo incidiría en aspectos formales sino en otros que atañen incluso a la viabilidad de la oferta.-

Debe destacarse desde ya que las consideraciones que habré de formular en esta materia se circunscriben a la documentación acompañada, sin que el suscripto haya tenido acceso a las oportunas observaciones de la I.G.J.; ni a las presentaciones formuladas para superarlas; ni siquiera al dictamen profesional que debió haber sido presentado en orden al trámite precalificado que parecería seguido a tenor de la información que fluye del sitio web de la I.G.J., que no lucen acompañados al “sub lite” (“Todos por Comu Asociación Civil sin fines de lucro” no formuló presentación alguna, sino que habría acompañado cierta documentación parcial al G.C.A.B.A. que, en definitiva, la trasladó a la causa).-

En este sentido, según la documentación aportada se advierte:

a) que, en rigor, la asociación civil aparece constituida por simple instrumento privado del 23.08.10 por 17 personas de una nómina de 20 (3 de los integrantes de esa nómina constitutiva aparecen tachados sin salvar apropiadamente las testaduras y también luce tachada en las mismas condiciones su designación como autoridades de la asociación) -v. fs. 9469, 9470, 9486 y 9487-;

b) que aquel instrumento que, supuestamente habría sido otorgado por 17 personas, luce una cantidad inferior de firmas (fs. 9469, 9470 y 9487);

c) que el mismo evidencia además dos firmas testadas con la leyenda “errose” (fs. 9487 “in fine”), que ni siquiera se corresponden con las de los tres sujetos excluidos de la nómina referida sub a);

d) que el instrumento luce datado, como ya se adelantó, el 23.08.10, sin perjuicio de lo cual en esa misma fecha aparecen certificadas notarialmente solo 7 firmas, sin que se advierta razón plausible que explique el motivo por el cual, si había 17 presentes en el otorgamiento del acto, hay un número inferior a 17 firmas y el escribano sólo certificó aquellas 7 referidas (fs. 9488);

e) que el acto constitutivo luciría varias modificaciones, una de las cuales -del 15.06.11- habría tenido por objeto superar una observación de la I.G.J., modificación esta última que luce otorgada por supuestos asociados, algunos de los cuales no emergen del acto constitutivo, sin que se advierta explicación alguna de lo anterior (v. fs. 9490/93);

f) que la Asociación Civil “Todos por Comu” fijó su domicilio en la calle San Martín 5140 (fs. 9471) que, presuntamente y por reflejar una dirección inexistente, correspondería a la Avda. San Martín 5140, lugar en el que funciona un local gastronómico, lo que revela que la asociación civil carece de sede real y tiene un domicilio solo formal en la pizzería “El Jagüel”, ubicada en la esquina del Club (v. informe pormenorizado y fotografías acompañadas a fs. 9579/9582);

g) que dicha Asociación Civil no poseería patrimonio inicial más allá de los recursos futuros por las cuotas que se fijen y se perciban de los asociados o de otros eventuales ingresos con posterioridad por las vías previstas estatutariamente (v. art. 7° a fs. 9472);

h) que las supuestas fichas de inscripción, que por su cuantía quedaron reservadas en Secretaría y habrían sido acompañadas para demostrar la envergadura de la Asociación Civil Todos por Comu, elegida como futura beneficiaria de la concesión prevista por el oferente, no constituyen documentación original sino meras fotocopias, carentes de foto de los pretensos asociados en la inmensa mayoría de los casos; de fecha de solicitud; de constancia de aceptación y de firma en los términos del CPr:120; y

i) que lo propio ocurre con las fotocopias de los listados de afiliación acompañados que, en este caso, si bien lucen suscriptos por el letrado patrocinante de la oferente, padecen las restantes omisiones premencionadas (falta de foto; de fecha de solicitud; de constancia de aceptación) y también carecen de firma de los pretensos asociados; de fecha de nacimiento; y de dirección o teléfono en muchos supuestos.-

Por lo demás, las fotocopias son reproducciones parciales de los supuestos listados originales; evidencian saltos importantes en la numeración de los supuestos asociados que pretende ser correlativa; y, en algunos casos, detectados por muestreo hasta incluyen datos que contribuyen a restarle seriedad (ver, por ejemplo: socio identificado bajo el N° 1900).-

20. No ignoro que la constitución de una asociación civil sin fines de lucro no se encuentra sujeta a normativa muy acabada; y que solo sería exigible inicialmente un número suficiente de integrantes para cubrir los cargos directivos previstos estatutariamente, más uno (cfr. Cahian, Adolfo, “Las Asociaciones Civiles en la República Argentina”, Ed. La Rocca 1998, pág. 70 y 120). Ello, sin perjuicio de la posibilidad de incorporación ulterior de otros asociados.-

Tampoco quiero desatender el esfuerzo:

i. de los socios que, con carácter general, y como reiteradamente se ponderó han acompañado a la institución durante la tramitación de su proceso de fideicomiso y contribuido a su sostenimiento mediante el pago de las cuotas sociales y sus incrementos;

ii. de aquéllos que, en alguna medida, han procurado la constitución de una nueva asociación civil con la expectativa de que sea continuadora de sus diversas y enriquecedoras actividades deportivas, recreativas, sociales, educativas, culturales, etc.; ni de

iii. las distintas fuerzas políticas y autoridades de la Ciudad que han procurado por diversa vía una ayuda o un salvataje institucionales.-

Sin embargo, el déficit que traslucen las “informalidades” detalladas sub 15 a), b), c), d), h) e i), en este contexto y más allá de ciertas presentaciones adicionales de algunos socios, no permite convalidar sin más el aserto sobre la masiva representación de los actuales socios en la nueva asociación civil constituida.-

Por otra parte, parecería exigible como presupuesto indispensable de constitución de una asociación civil un patrimonio propio inicial -cfr. doctrina del CCiv:33- que presupone la capacidad para adquirir bienes futuros (cfr. LLambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil”; Parte General, T. II, págs. 93/4, Ed. Abeledo Perrot, 1975) pero que no se circunscribe a ella. Y en este aspecto, aun cuando se adopte un temperamento amplio en el examen de cumplimiento de aquella exigencia, lo cierto es que no se advierte actualmente ningún activo demostrativo de una solvencia mínima.-

La sola previsión de ingresos futuros en concepto de cuotas (aun no fijadas) o de otras fuentes de recurso previstas en el estatuto no resulta demostrativa de solvencia actual.-

En este mismo sentido, no cabe desatender que la asociación se habría constituido con la expectativa de recibir, a futuro, parcialmente y por vía de concesión a título gratuito del G.C.A.B.A., los bienes y derechos de titularidad del Club Comunicaciones Asociación Civil, que el G.C.A.B.A. prevé adquirir previamente para incorporar a su dominio público. Y, claro está, que la concesión anunciada sólo sería susceptible de otorgar derechos especiales de uso pero no resulta ser traslativa de dominio pues el concesionario no adquiere derecho alguno de propiedad sobre los bienes dominicales cualquiera sea la duración de la concesión, aun cuando fuera otorgada a perpetuidad (cfr. Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Ed. Abeledo-Perrot, 1992, T. V, pág. 426).-

Ello revela que la nueva asociación civil creada -Todos por Comu- tampoco contaría con esos bienes para la atención de sus obligaciones.-

21. Concurre otra circunstancia que, a mi entender, incide negativamente en el cumplimiento de las condiciones fijadas en el llamado a mejora de oferta que, según fue resuelto con carácter firme, debía “garantizar la continuidad de los contratos de trabajo que vinculan a los dependientes con la institución” (v. fs. 8953).-

En efecto, mientras que la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre asume directamente dicha obligación, el restante oferente contempla como condición “sine qua non” para el otorgamiento del comodato [futuro y sujeto a otra ley ulterior] que la nueva entidad sin fines de lucro que resulte concesionaria [un tercero] deberá cumplir tal requisito, de modo que el personal quedará sujeto a los términos del Convenio Colectivo de Trabajo que actualmente los rige (fs. 9499).-

Por ende, no existe en rigor un compromiso actual y concreto sobre el punto, emanado del sujeto que resultará continuador de la relación laboral que vincula actualmente a los dependientes con el Club -Todos por Comu-. Es más, tampoco se advierte explicación alguna acerca de la situación de los trabajadores en el interregno que habría de transcurrir desde una hipotética adjudicación del predio, demás bienes y derechos al G.C.A.B.A. hasta que el mismo proceda -por ley futura- a la desafectación de dichos bienes de su dominio público para la concesión gratuita a la nueva asociación civil sin fines de lucro constituida.-

22. Cabe recordar que declarada la quiebra del Club Comunicaciones Asociación Civil el entonces juez interviniente dispuso en forma inmediata instituir un fideicomiso de administración en los términos de la ley 25.284 hace más de once años (v. pronunciamiento del 26.10.2000 a fs. 2240/1).-

Esa ley, en su art. 2, declara como objetivos de dicho cuerpo legal:

“a) Proteger al deporte como derecho social.-

b) Continuar las actividades que desarrollan las entidades referidas en el artículo precedente, a los efectos de generar ingresos genuinos en beneficio de los acreedores y trabajadores de las mismas, mediante un accionar prudente y económicamente sustentable.-

c) Sanear el pasivo mediante una administración fiduciaria proba, idónea, profesional y controlada judicialmente.-

d) Garantizar los derechos de los acreedores a la percepción de sus créditos.-

e) Superar el estado de insolvencia.-

f) Recobrar el normal desempeño institucional de la entidad”.-

No alcanzados tales propósitos a la fecha pese a los importantes avances destacados en las resoluciones de fs. 7756/7762 y 8906/8955, ni ejercida la opción de expropiación por parte del G.C.A.B.A., se arriba a la situación actual en la que resulta menester que el suscripto como juez de la causa dirima cuál de las dos ofertas presentadas resulta mejor.-

Debe señalarse, desde ya, que ninguna de las dos ofertas satisface el objetivo previsto por el art. 2, inc. f) de la ley 25.284.-

Tal situación ya fue objeto de mérito, bien que en relación a la primigenia oferta de la Asociación Mutual, por resolución firme dictada a fs. 8906 y ss.-

Allí se destacó que “…La idea de la adquisición global de los activos de la institución -inmueble, instalaciones, muebles, derechos, etc.- con absorción de sus afiliados persigue la continuidad de todas las actividades sociales, recreativas, educativas y deportivas que desarrolla la misma en el marco de un proyecto que parece ser más amplio, y abarcativo de un mayor número de destinatarios -los afiliados a la mutual-…”.-

También se agregó que “…Desde dicha perspectiva la oferta no puede [podía] ser desdeñada pues resulta[ba] congruente con los objetivos indicados por el art. 2, incs. a), b), c), d) y e) de la ley 25.284…”; y que la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre resultaba “…ser sujeto habilitado a la continuación de dichas tareas; tener objetivos afines a los de la asociación civil; contar con la capacidad para volcar a sus afiliados al predio -multiplicando por esa vía la cantidad de potenciales usuarios- y poseer un respaldo patrimonial público y notorio para emprender un verdadero plan de mejoras, tal como el que acompaña la propuesta en cuestión…”.-

Finalmente se señaló que “…tal vez, resultaría preferible alguna solución que contemplara la superación de la situación patrimonial de la misma entidad y su regularización, pero en la actualidad no se ha recibido ninguna propuesta admisible que conduzca a lo anterior…”.-

Ahora bien, tales consideraciones conservan plena virtualidad en el escenario actual en el que la oferta de la Asociación Mutual fue sensiblemente mejorada, mientras que la nueva oferta presentada por el G.C.A.B.A. tampoco permite “recobrar el normal desempeño institucional de la entidad” sino que supone su extinción, sustituyéndose en ambos casos el sujeto que habrá de continuar con las actividades del Club, como ya se señaló reiteradamente en los considerandos 13 y 18.-

En tal contexto, habiendo la mutual garantizado la cancelación total del pasivo del Club más allá de su origen; la prosecución de todas sus actividades; la incorporación de los socios actuales que así lo deseen; la continuidad del Instituto Educativo y de todos los contratos de trabajo que vinculan a los dependientes con la entidad; la conservación del espacio verde en su integridad sin desmembramientos; la afectación del predio a las actividades que se vienen desarrollando en el mismo; el mantenimiento de los colores y emblema del Club; y la conservación de la denominación “Comunicaciones”; y ofrecido la incorporación a la mutual de los vecinos domiciliados en un radio de diez cuadras a la redonda; la bonificación por un año de las cuotas sociales que aquéllos y los socios que se incorporen deberían pagar; un plan de becas escolares para los alumnos del Instituto Educativo; y una inversión en mejoras que casi triplica el importante esfuerzo del G.C.B.A., debo concluir que la oferta de la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros resulta sensiblemente la mejor de las presentadas en la causa.//-

Por todo lo expuesto, RESUELVO:

I. Rechazar con el alcance indicado sub 12 el planteo de nulidad e inconstitucionalidad de la Ley N° 3.284;

II. Declarar mejor oferta a la presentada por la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre;

III. Declarar adjudicataria de los bienes, instalaciones y derechos del Club Comunicaciones Asociación Civil sin fines de lucro a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre, con sujeción a las demás condiciones de escrituración, control y fiscalización establecidas a fs. 8906 y ss.;; y

IV. Intimar a la adjudicataria para que dentro del décimo día integre a la causa el importe comprometido para la cancelación de la totalidad del pasivo -$ 12.000.000-, sin perjuicio de los depositados en concepto de garantía de mantenimiento de oferta

Notifíquese por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles y a la Sra. Agente Fiscal en su despacho

Fdo.: Fernando G. D´Alessandro, Juez

- Anexo V:

Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial:

Poder Judicial de la Nación

CNCom, D, 37475/1997. CLUB COMUNICACIONES ASOCIACION

CIVIL S/ QUIEBRA. JUZGADO 7 (14).

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012.

1°) La sentencia de fs. 9601/9634 resolvió, en cuanto aquí interesa, declarar mejor oferta a la presentada por la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre y, consecuentemente, adjudicó a esa entidad los bienes, instalaciones y derechos del club Comunicaciones

Asociación Civil sin fines de lucro.

Ello motivó la apelación del otro oferente, el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (fs. 9671), y de la asociación civil “Todos por

Comu” (fs. 9721/9722), quienes expresaron sus agravios en fs. 9743/9751

(respondidos en los apartados III de fs. 9822vta/9826, y VI de fs.

9841vta./9847) y en fs. 9753/9772 (contestados en los apartados II de fs.

9821/9822vta., y VII de fs. 9847/9848).

La Fiscal General fue oída en fs. 9891/9901 y en fs. 9907.

2°) En el tratamiento del caso la Sala exclusivamente atenderá a los aspectos que crea pertinentes para la correcta composición de la litis, dejando de lado los que estime inconducentes o carentes de trascendencia jurídica, lo cual es propio de la función de juzgar, desde que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteos sino únicamente en los que son útiles para decidir justamente (conf. CSJN, Fallos 258:304;

262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; etc.).

3°) A fs. 9871 y vta., algunos integrantes del Comité Asesor Honorario previsto por el art. 9 de la ley 25.284 alegaron que la adjudicación resuelta en primera instancia a favor de la Asociación Mutual de Trabajadores

Camioneros 15 de Diciembre, tenía por consecuencia no respetar la carga

(rectius, el cargo) que el Estado Nacional impuso al dictar la ley 14.313, en cuanto a que la fracción de terreno que por esta última ley se cedió al Club

Comunicaciones debía quedar afectada a las obras y demás instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas, sociales y culturales de la mencionada institución (véase copia de la ley a fs. 9868).

Esta cuestión, pese a su importancia, no fue abordada por los dictámenes del Ministerio Público Fiscal obrantes a fs. 9891/9901 y fs. 9907.

No obstante, interpreta la Sala que es ineludible su tratamiento a los efectos de definir si lo resuelto en la instancia anterior interfiere o no en la voluntad estatal que originó el dictado de la citada ley 14.313.

4°) Para cumplir el cometido precedentemente indicado, juzga apropiado este tribunal recordar que, como lo precisó la Corte Suprema de

Justicia de la Nación en el caso “Club Comunicaciones c/ Universidad

Nacional de Buenos Aires”, sentencia del 3 de abril de 1986 (Fallos 308:452, considerando 5°), “…mediante el decreto 14.508/53, el Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 53 de la ley 12.961, transfirió a jurisdicción del Ministerio de Comunicaciones de la Nación una fracción de aproximadamente quince hectáreas comprendida en el paralelogramo limitado por la avenida Francisco Beiró, la línea de prolongación al norte de la calle

Zamudio, Tinogasta, la Avenida San Martín y la línea de prolongación al norte de la calle Terrero (…). Luego, el decreto 15.859/53 determinó con más precisión la superficie y ubicación de la fracción de tierra aludida (…).

Finalmente, la ley 14.313 autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a ceder al Club

Comunicaciones una fracción de terreno que comprendía a la anterior más una ampliación (…). Respecto de la parte del inmueble comprendida en los decretos aludidos, se hizo efectiva entrega de la posesión el 8 de octubre de

1953 (…). Por otra parte, el 18 de abril de 1962 se otorgó la escritura traslativa de dominio por la que el Estado Nacional cedió al Club

Comunicaciones el inmueble determinado por la ley citada (…), título que fue inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble el día 28 de mayo de dicho año…” (considerando 5º).

En el mismo fallo interpretó la Corte Suprema que el dictado de la ley

14.313 importó desafectar del patrimonio fiscal una fracción de terreno para concederla a título gratuito a una entidad deportiva, y que ello puso a la cosa dentro del comercio (considerando 6º).

5°) Los antecedentes fácticos descriptos por la Corte Federal en el precedente anteriormente reseñado, la propia lectura de la ley 14.313 y de sus antecedentes parlamentarios (los cuales no pueden descartarse en la tarea de interpretación; CSJN, Fallos 317:779 y 1505; 318:1887), y el marco legal que, según se verá, resulta aplicable en la especie, permiten llegar a los siguientes razonamientos y conclusiones:

(a) La ley 14.313 solamente autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a ceder a favor del Club Comunicaciones el terreno en ella mencionado.

En rigor, dicha ley 14.313 fue el acto por el cual se produjo la desafectación de ese inmueble del dominio público estatal, pasando al dominio privado del Estado Nacional, lo que era exigencia previa e ineludible para colocarlo en el comercio (conf. Marienhoff, M., Tratado del Dominio

Público, Buenos Aires, 1960, ps. 175/176, nº 56; Diez, M., Derecho

Administrativo, Buenos Aires, 1985, t. IV, ps. 488/489). Esa ley, en efecto, fue el acto indispensable para cambiar la condición jurídica del bien, que se tornó,

a partir de ella, enajenable, prescriptible, embargable y regido, no ya por las disposiciones del derecho administrativo, sino por el derecho civil (conf.

CSJN, in re “Alió, Enrique, por la Provincia de Buenos Aires c/ S.A. Club

Mar del Plata” y “Alió, Enrique por la Provincia de Buenos Aires c/ Luro de

Mezquita, Matilde”, Fallos 146:288).

La disposición del bien se concretó, finalmente, con el otorgamiento de la escritura del 18 de abril de 1962 -que transcribió íntegramente el texto de la ley 14.313- en la que el Estado Nacional, representado por el entonces

Presidente de la Nación, doctor José María Guido, cedió y transfirió, en absoluta posesión y dominio a favor del Club Comunicaciones la fracción de terreno de referencia, siendo ello aceptado por los representantes de la institución deportiva en función de lo previamente resuelto en el mismo por la

Honorable Comisión Directiva, en reunión del 22 de marzo de aquel año (véase copia de la escritura a fs. 324/333 del sub lite).

(b) Ahora bien, la recordada cesión fue a título gratuito, tal como lo precisó la Corte Suprema en su sentencia en el caso “Club Comunicaciones c/

Universidad Nacional de Buenos Aires” (considerando 6°).

Por lo tanto, se encuentra gobernada por las normas atinentes a la donación (arts. 1437 y 2157 del Código Civil).

En efecto, técnicamente hablando, dada su gratuidad, fue una cesióndonación (conf. Rezzónico, L., Estudio de los Contratos en nuestro derecho civil, Buenos Aires, 1958, t. I, p. 598; López de Zavalía, F., Teoría de los

Contratos – Parte Especial, Buenos Aires, 1976, t. I, p. 563; Belluscio, A. y

Zannoni, E., Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1998, t. 7, p. 30; Garrido, R. y Zago, J., Contratos

Civiles y Comerciales – Parte Especial, Buenos Aires, 1991, t. II, p. 170;

Piantoni, M., Contratos Civiles, Córdoba, 1975, t. II, ps. 83 y 275/276; Spota,

A., Instituciones de Derecho Civil – Contratos, Buenos Aires, 1979, t. IV, ps.

276/277, n° 899).

Y así incluso fue entendido en el citado precedente “Club

Comunicaciones c/ Universidad Nacional de Buenos Aires”, en el que se calificó a la institución deportiva actora como donataria (considerando 10º).

No es inusual, por cierto, ver leyes -como la ley 14.313- que “ceden” los derechos sobre terrenos fiscales para ser afectados a destinos especiales, los cuales son aceptados como “donaciones”, rigiéndose la cuestión, por ende, por las normas sobre donación (véase un ejemplo de ello en el precedente de la CSJN, 5/11/02, “Estado Nacional - Estado Mayor General del Ejército c/

Tucumán, Provincia de s/ daños y perjuicios”, Fallos 325:2935, considerandos

2º y 3º).

A todo evento, la jurisprudencia de la Corte Suprema es pacífica en referir que incluso las situaciones que pudieran no estar reguladas normativamente y que atañen a actos de disposición a título gratuito referentes a terrenos del dominio estatal, deben ser resueltas, por analogía, con arreglo a los preceptos del Código Civil en materia de donaciones -arts. 1849 y 1850- que constituyen un régimen jurídico adecuado al caso (conf. CSJN, 2/4/98,

“Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional s/ retroacción de dominio”,

Fallos 321:714, considerando 4º; CSJN, 10.4.03, “Estado Nacional - Estado

Mayor General del Ejercito c/ Salta, Provincia de s/ ordinario”, Fallos

326:1263, considerando 4º).

(c) Según el art. 1º de la ley 14.313, la cesión-donación de que se trata fue hecha “…en favor del Club Comunicaciones…” (es decir, beneficiando a un sujeto determinado) y, lo que es más importante, para que la fracción de terreno cedida-donada fuese “…afectada a las obras y demás instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas, sociales y culturales de la mencionada institución…”. Este último fue, claramente, el destino que se le asignó al acto jurídico de que se trata.

Con relación al indicado destino conviene recordar, además, pues ello demuestra cuál fue la real voluntad estatal sobre el punto, que el dictado de la ley 14.313 se originó en un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, por entonces a cargo del Presidente Juan D. Perón (fs. 9854), y que de los antecedentes parlamentarios respectivos surge que con la correspondiente sanción se entendía “…beneficiado el Club Comunicaciones, prestigiosa entidad que agrupa en su seno a todos los empleados del Ministerio de

Comunicaciones, desde el más modesto hasta el más encumbrado, de todo el país…” (fs. 9852: Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, sesión ordinaria del día 11.8.54, pág. 1218, exposición del diputado Miel

Asquía). Concretamente, la intención legislativa fue que las obras e instalaciones construidas en el terreno cedido fueran aprovechadas deportiva, social y culturalmente por los empleados de dicho ministerio (fs. 9865: Diario de Sesiones cit., pág. 1231, exposición del diputado Goitía; fs. 9852, cit. exposición del diputado Miel Asquía; fs. 9868: Diario de Sesiones de la

Cámara de Senadores, sesión ordinaria del 4.8.54, exposición del senador

Durand), aunque no exclusivamente por ellos, pues también se afirmó que la cesión se justificaba para que las instalaciones fueran igualmente aprovechadas “… por todos los empleados de la administración nacional…”

(fs. 9852, cit. exposición del diputado Miel Asquía), así como igualmente, teniendo en cuenta la proximidad con la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por “…los estudiantes universitarios de todas las facultades que se encuentren instaladas o se instalen en ese sector…” (fs. 9855: Diario de Sesiones cit., pág.

1221, exposición del diputado González; fs. 9860: Diario de Sesiones cit., pág.

1226, exposición del diputado Argumedo de Pedroza).

(d) De lo expuesto precedentemente se deduce, sin esfuerzo, que la

cesión-donación de referencia fue hecha “con cargo”, conclusión que se impone si se tiene en cuenta que aquélla se hizo con un destino preciso, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1826 del Código Civil (conf.

CSJN, 16.5.69, “Funes, María Josefina Aurteneche Goñi de y otro c/ Buenos

Aires, La Provincia de s/ cumplimiento al cargo impuesto a la donación”,

Fallos 273:394, considerando 9º).

(e) Sentado lo anterior, es inexorable referir que los cargos provienen de la voluntad del donante y deben cumplirse de la manera en que el disponente ha querido y entendido que debían cumplirse (CSJN, Fallos 319:378;

325:2935; 326:1263; íd. 2.3.11, “Girondo, Alberto Eduardo c/ Estado

Nacional – Museo Nacional de Bellas Artes s/ proceso de conocimiento”,

Fallos 334:62, considerando 19º).

Es que, por su naturaleza, los cargos constituyen reservas hechas por el donante sobre la cosa donada (conf. Salvat, R. y Acuña Anzorena, A, Tratado

de Derecho Civil Argentino, Fuentes de las obligaciones, Buenos Aires, 1957,

t. III, p. 91, nº 1706; CSJN, 5.11.02, “Estado Nacional - Estado Mayor

General del Ejército c/ Tucumán, Provincia de s/ daños y perjuicios”, Fallos

325:2935, considerando 11º; CSJN, 10.4.03, “Estado Nacional - Estado Mayor

General del Ejercito c/ Salta, Provincia de s/ ordinario”, Fallos 326:1263, considerando 5º).

(f) En las condiciones reseñadas, juzga la Sala que la adjudicación resuelta en la instancia anterior a favor de la Asociación Mutual de

Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre (y lo mismo podría haberse dicho

si el beneficiario de la adjudicación hubiera sido cualquier otro sujeto de derecho) conduce, en los hechos, tal como se invocó en fs. 9871 y vta., a ignorar o desvirtuar el cargo impuesto por el Estado Nacional a la cesión donación que hiciera a favor del Club Comunicaciones en virtud de la ley

14.313 y con el otorgamiento de la escritura pública del 18 de abril de 1962 (la cual, se reitera, transcribió íntegramente los términos de esa ley referentes al destino impuesto -art. 1826 del Código Civil-).

Semejante consecuencia no puede admitirse sin, cuanto menos, oír previamente al Estado Nacional en su condición de cedente-donante que ha impuesto a lo cedido-donado un destino específico, para ser cumplido a favor incluso de sujetos determinados.

En otras palabras, es muy claro, en este caso, que la adjudicación resuelta en la instancia anterior no pudo haberse hecho sin previamente oír al

Estado Nacional. Al no haberse cumplido este último recaudo la decisión apelada deviene insostenible, y debe ser revocada.

6°) No forma óbice a la conclusión precedentemente expuesta el extenso trámite que ha tenido la etapa procesal abierta en la instancia anterior para la presentación de ofertas de eventuales interesados en los activos del club (entre los que están, desde luego, los derechos sobre el inmueble objeto de la cesión-donación antes referida) ni, por cierto, que como culminación de dicha etapa se hubiera procedido a la adjudicación a favor de la Asociación

Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre.

Esto es así, porque no puede afirmarse que ni tal asociación mutual, ni ningún otro sujeto de derecho participante del trámite de adjudicación, tienen un derecho adquirido sobre el particular.

Solamente podría afirmarse que tenían una mera expectativa a ser adjudicatarios, en la medida de la existencia de un trámite regular, lo que no se ha dado en el caso de autos por las razones antedichas referentes a no haberse oído previamente al Estado Nacional.

Por lo demás, en mérito a lo dispuesto en las resoluciones de fs.

8906/8955 y 9601/9634 es de concluir que la asociación mutual designada como adjudicataria, en tanto no alcanzó a cumplir con la totalidad de las condiciones y de los requisitos sustanciales y formales que fueron allí dispuestos, ni siquiera podría alegar haber consolidado efectivamente un derecho en su patrimonio. Más todavía: la propia adjudicación hecha a su favor se encuentra apelada, lo que denota su falta de firmeza.

7°) Llegado el análisis del caso a este punto, corresponde decidir cuáles son los efectos que derivan de la revocación que ha quedado propiciada.

Para definir ello, luce ineludible examinar la incidencia que podría proyectar en el sub lite la sanción de la ley 26.723, lo cual tuvo lugar el mismo día del dictado del pronunciamiento apelado (30.11.11), y que fue publicada en el Boletín Oficial del 21.12.11, cabiendo aclarar, desde ya, que no existe formal óbice para adentrarse en el conocimiento de esa materia pues:

(a) Contrariamente a lo que parece sugerir la Representante del

Ministerio Público en fs. 9907, el Juez a quo no analizó y, consecuentemente, nada resolvió sobre la pertinencia sustantiva de los pedidos formulados en fs.

9774/9776, 9790/9793, 9796/9808 y 9811/9819, pues en los proveídos de fs.

9777/9778, 9794/9795, 9809/9810 y 9820 sólo invocó ciertas razones adjetivas o de rito que, en su parecer, impedían la atención de los planteos, pero no brindó ningún argumento de fondo que pudiere configurar el estado de preclusión procesal al que se alude en fs. 9907.

(b) Es sabido que constituye una de las obligaciones primarias del tribunal la de dictar sentencias actuales, lo que le impone el deber de atender a las circunstancias existentes al momento de pronunciar sus sentencias (arg. cpr

163: 6°, párrafo segundo; CSJN, Fallos 298:33; 304:1649; 312:555; 323: 3284

y 3896, entre otros), por lo que si las tenidas en cuenta para sostener en el pasado -aún reciente- una determinada solución aparecen en el presente modificadas o suprimidas, corresponde atender a lo que resulte de los cambios respectivos y fallar en consecuencia, sin que pueda oponerse a ello la necesidad institucional de contar con una jurisprudencia constitucional estable

y permanente, pues si bien este último es un valor de indudable importancia para la República, parece claro que no debe mantenerse al precio de sentencias construidas a espaldas de las circunstancias normativas o fácticas imperantes al tiempo en que ellas se dictan.

Los motivos expuestos despejan, con ostensible suficiencia argumental, el óbice formal propuesto en el dictamen de fs. 9907, por lo que corresponde avanzar en el estudio del caso.

8°) Según el nuevo texto del art. 22 de la ley 25.284 "el fideicomiso tendrá una duración de TRES (3) años, renovables por resolución judicial hasta un máximo de DOCE (12) años".

Esa innovación legislativa, acuñada por la ley 26.723, se produjo –vale señalar- por la compleja situación que atraviesan las instituciones deportivas que peticionaron la aplicación de la ley 25.284, que reveló que el anterior plazo máximo de 9 años era insuficiente para concretar los objetivos previstos en el art. 2 de la ley.

Por eso se estimó que resultaría esencialmente útil facultar al juez para prorrogar el plazo del fideicomiso de administración con control judicial por tres años más (fundamentos del proyecto presentado por los senadores Liliana

T. Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá -expediente S 3340/10-; para conocer los antecedentes y el trámite de ese proyecto véase el artículo de

Diego M. Proietti, "El plazo de actuación del fideicomiso de administración con control judicial en la ley 25.284: panorama actual y respuesta legislativa", publicado en ED 243-1071).

Es así que lo que este tribunal debe ahora decidir es si corresponde en el caso conferir o no esa prórroga de tres años que establece el art. 22 de la ley

25.284, texto según ley 26.723.

9°) Pero antes de examinar la cuestión, se estima de interés remarcar que el fideicomiso de administración del Club Comunicaciones fue establecido por el entonces magistrado a quo en la resolución del 26.10.00, y prorrogado pretorianamente, antes del dictado de la ley 26.723, por sentencia del 17.5.10 (fs. 7756/7762), que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, manteniendo y proyectando sus efectos y consecuencias hasta el presente.

Ello demuestra que al presente no existe obstáculo u impedimento para examinar si el Club Comunicaciones es merecedor de la prórroga que autoriza

la reforma instrumentada por la ley 26.723, la cual jamás ha sido operativa en autos, pues la dispuesta por la sentencia del 17.5.10 no ha provocado, ni pudo provocar, el consumo jurídico de la solución legal autorizada por dicha ley sancionada a posteriori.

10°) Aclarado lo anterior, el escenario por resolver abre el siguiente interrogante: ¿corresponde otorgar al club Comunicaciones una renovación de la prórroga del fideicomiso por tres años más, en los términos del art. 22 de la ley 25.284, texto según ley 26.723? ¿Es merecedor de ello?.

La respuesta exige analizar la viabilidad o no de la continuidad del fideicomiso, lo que es impuesto a los jueces por el art. 23 de la ley citada (conf. Games, L. y Esparza, G., Fideicomiso “a palos” – Ley 25.284 –

Entidades Deportivas – Comentada, Buenos Aires, 2001, p. 98; Grispo, J.,

Régimen Especial de Administración de las Entidades Deportivas con

Dificultades Económicas – Fideicomiso de Administración con Control

Judicial, Buenos Aires, 2000, ps. 125/125).

Y ello debe hacerse a tenor de la pauta orientadora dispuesta en el último párrafo del art. 23 del citado cuerpo legal, que establece que "serán causales de liquidación, la no generación de recursos para atender el giro ordinario de la entidad o para conformar la masa a distribuir a favor de los beneficiarios".

En consecuencia, lo que este órgano jurisdiccional debe determinar es si el resultado de la administración fiduciaria ha generado recursos suficientes para solventar la gestión ordinaria de la entidad o para el pago del pasivo.

Pero esas condiciones -vale aclarar- no deben verificarse conjuntamente pues la conjunción copulativa "o" utilizada por la norma da a entender que basta que los recursos alcancen a sostener el giro ordinario de la entidad para que pueda renovarse la administración fiduciaria (conf. Junyent Bas, F. y

Molina Sandoval, C., Salvataje de entidades deportivas, p. 187, cit. por la

Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Nicolás in re

"Automóvil Club San Nicolás s/ quiebra", del 27.10.05, publicado en Doctrina

Judicial La Ley del 6.9.06). Por eso no importa que no haya superávit de recursos para sanear el pasivo, pues la ley 25.284 no requiere que se den ambas circunstancias en forma conjunta para la continuación de las actividades deportivas bajo esa gestión (conf. Tachella, D., Alcances de la ley

26.723 -modificatoria de la Ley N° 25.284 relacionada con el Régimen

Especial de Administración de las Entidades Deportivas con Dificultades

Económicas-, Doctrina Judicial La Ley del 4.7.12).

Asumir el criterio contrario provocaría la inexorable liquidación de la entidad si vencido el plazo de la prórroga no se hubiere conformado cierta masa de recursos para su distribución parcial entre los acreedores. Frente a dos intereses contrapuestos entre sí de igual significación, el de los acreedores (de cobrar sus créditos) y el de la entidad (de continuar con vida), debe prevalecer este último, porque esa ha sido la intención del legislador cuando implementó este régimen protectorio especial: evitar el riesgo cierto de desaparición de estas instituciones de hondo arraigo popular en el medio en el que están insertas. Por eso se impone la aplicación de un criterio judicial abierto y flexible, que atienda a la totalidad de los intereses en juego con marcada inclinación a la hipótesis continuativa (conf. Di Tullio, J. La renovación del plazo de vigencia del fideicomiso de entidades deportivas, Doctrina Judicial

La Ley del 6.9.06).

En el caso, y según se desprende de los distintos informes del órgano fiduciario, la administración, que al comenzar su gestión encontró serias falencias en los libros contables y societarios y una muy escasa disponibilidad en caja de $ 1521,60 (v. informe provisorio del 4.12.00 en fs. 2360/2361) pudo remontar esa adversa situación inicial y generar suficientes recursos para atender el giro ordinario del club, cuestión que también fue señalada por el magistrado actuante en la sentencia del 17.5.10 en la que dispuso la prórroga del fideicomiso.

En esa ocasión el juez destacó que si bien no se pudieron generar recursos genuinos adicionales para formular pagos parciales a los acreedores, sin embargo se pudo conjurar definitivamente el incremento del pasivo post

falencial, consiguiendo equilibrar ingresos con egresos sin generar nuevas deudas, y detalló también las gestiones que permitieron una reducción sustantiva del pasivo falencial (v. especialmente apartado d).

Ante ese marco de actuación, en miras a promover la consecución de los objetivos propuestos por la ley 25.284 (art. 2), y teniendo especialmente en cuenta el pasivo que registra el club (que con intereses asciende a $

24.949.797,32; fs. 8866), y el potencial con que prima facie cuenta para honrarlo (potencial que, obviamente, por sí solo no basta, pues requiere del acompañamiento de un estudiado plan estratégico de administración, mejoras, innovaciones e inversiones de los recursos de la entidad), júzgase que están dadas las condiciones imprescindibles para acceder a una nueva prórroga del fideicomiso por tres años en los términos del art. 22 de la ley 25.284, texto según ley 26.723.

10°) La conclusión precedente conduce, a su vez, al siguiente planteo: ¿desde cuándo se computa el nuevo plazo de 3 años?.

La Fiscal General sostiene que aun cuando se dispusiere aplicar las disposiciones de la ley 26.723, de todos modos el plazo máximo de 12 años fenecería el 26.10.12 (fs. 9907, apartado 2).

La Sala no comparte esa opinión.

Es que ella responde a una mirada que se aparta de la realidad que exhibe el expediente, cuyo trámite de estos últimos años estuvo exclusivamente orientado a mantener "vivo" al club, pero no a promover sustanciales cambios y mejoras que permitiesen alcanzar las metas impuestas por el art. 2 de la ley 25.284.

Así lo demuestran, entre otras, las presentaciones de fs. 6989/6990 y

7448/7449, en las que el órgano fiduciario solicitó autorización para aumentar el importe de la cuota social a los fines de “mantener equilibradas las cuentas de la entidad”, y la de fs. 7337/7338, donde informó las medidas que adoptó para superar el paro de actividades que afectó la práctica del plantel de fútbol profesional.

Y esa situación se hizo aún más notoria a partir del dictado del pronunciamiento del 17.10.10, donde el juez dejó bien en claro que la prórroga del fideicomiso fue a los exclusivos y excluyentes fines de "permitir la presentación de ofertas de eventuales interesados en activos del club" (fs.

7761 in capit), manda que se cumplimentó y se reflejó en el trámite que registró el expediente desde el cuerpo 33 en adelante.

De modo que no aparece lógicamente sostenible que todo ese tiempo que se dedicó no para buscar una salida superadora de la crisis del club sino, como se dijo, para mantenerlo vivo a los exclusivos fines liquidatorios se lo descuente del plazo de la prórroga que brinda la ley en la materia.

Por ello, el plazo de 3 años que autoriza el nuevo texto del art. 22 de la ley 25.284 se computará a partir de que el presente pronunciamiento adquiera firmeza.

11°) En suma, corresponde revocar el veredicto de grado y disponer la prórroga por el plazo de 3 años, contado del modo precisado en el considerando anterior, del fideicomiso de administración del club

Comunicaciones Asociación Civil.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de dirección del proceso que a los suscriptos confiere el art. 274 de la ley 24.522, corresponde disponer las medidas ordenatorias y de instrucción que se detallan en la parte dispositiva.

No se imponen costas en atención a la forma en que finalmente se dirime el caso y a la base de derecho empleada para hacerlo.

12°) Por lo expuesto, y oída la Fiscal General, se RESUELVE:

(a) Revocar lo decidido en fs. 9601/9634.

(b) Disponer la prórroga del fideicomiso de administración del club

Comunicaciones Asociación Civil que se computará del modo supra establecido.

(c) Encomendar al Juez a quo la inmediata reconstitución y/o integración del órgano fiduciario, con los tres miembros referidos por el art. 8° de la ley 25.284.

(d) Encomendar al Juez a quo la inmediata reconstitución y/o integración del Comité Asesor Honorario referido por el art. 9 de la ley

25.284, con asociados de la entidad que sean representativos de las distintas actividades del Club Comunicaciones, prefiriéndose a quienes sean profesionales o posean títulos aptos para contribuir al salvataje de la entidad.

(e) Encomendar al órgano fiduciario a que, con el asesoramiento directo del Comité antes aludido, elabore dentro de los 30 días un plan de administración y salvataje del Club Comunicaciones, enderezado a alcanzar las metas impuestas por el art. 2 de la ley 25.284. A ese fin, se podrán proponer los cambios sustanciales y mejoras que se consideren adecuados, e incluso actuar, si fuera entendido adecuado, del modo previsto por el art. 19 de la ley citada. El referido plan deberá contemplar el modo de pago a los acreedores. El Juez a quo podrá prorrogar el plazo de 30 días antes indicado si fuera necesario.

(f) No imponer costas.

Notifíquese a la Representante del Ministerio Público en su despacho.

Cumplido, devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 9911/9918.

Gerardo G. Vassallo

Juan José Dieuzeide

Pablo D. Heredia

Fernando M. Pennacca

Secretario de Cámara